El Gobierno nacional informó que en los últimos dos meses casi 5.000 ciudadanos extranjeros fueron expulsados, inadmitidos, detenidos o extraditados de la Argentina, en el marco de un fuerte endurecimiento de los controles migratorios y de seguridad. El dato fue difundido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien vinculó las cifras con la intensificación de operativos en fronteras, aeropuertos, puertos y también en grandes centros urbanos.
De acuerdo con el detalle oficial, diciembre cerró con 2.400 personas provenientes de otros países que debieron abandonar el territorio nacional, mientras que en lo que va de enero se registraron otros 2.300 casos. Desde la cartera de Seguridad señalaron que se trata de números récord para este tipo de procedimientos y que reflejan una decisión política de reforzar la vigilancia sobre el ingreso y la permanencia de extranjeros con antecedentes penales, vínculos con delitos o situación migratoria irregular.
Monteoliva fue explícita al definir el enfoque del Ejecutivo. Sostuvo que la prioridad es impedir que permanezcan en el país personas que hayan delinquido o que no cumplan con la normativa migratoria. En ese marco, encuadró las expulsiones, rechazos en frontera y capturas dentro de una estrategia más amplia de “orden y cumplimiento de la ley”, alineada con la política de seguridad que el Gobierno viene sosteniendo desde el inicio de la gestión.
Los controles no se limitaron a los pasos de ingreso al país. El último fin de semana se desplegaron operativos migratorios en el conurbano bonaerense, con participación del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA). Uno de los procedimientos más relevantes se realizó en una feria de Villa Celina, en el partido de La Matanza, donde se identificó a 458 personas. De ese total, 369 resultaron ser extranjeras.
Durante el operativo, los efectivos utilizaron el sistema biométrico portátil Morpho RAPID ID, que permite verificar identidades en el lugar, y cruzaron información con bases como el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y el sistema SASI. Como resultado, se constató que 16 ciudadanos extranjeros residían en la Argentina de manera irregular. A todos ellos se les labraron actas de Declaración Migratoria y se los intimó a regularizar su situación.
El procedimiento también derivó en actuaciones por delitos conexos. En cuatro comercios de la feria se detectaron irregularidades: dos locales infringían la Ley de Marcas (22.362), mientras que en otros dos se comprobó la venta de teléfonos celulares que habían sido bloqueados por el ENACOM por tratarse de dispositivos denunciados como robados. En total, se secuestraron 70 celulares, además de indumentaria y calzado de marcas falsificadas: 50 remeras, 226 pares de zapatillas y 55 pantalones.
Por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, a cargo de Leonardo Cano, fueron detenidas cuatro personas de nacionalidad boliviana —tres mujeres y un hombre—, quienes quedaron a disposición de la Justicia junto con la mercadería incautada.