El Superintendente General de Irrigación de Mendoza, Sergio Marinelli, defendió este martes ante la Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados la resolución que habilita el análisis de perforaciones en el acuífero de Agrelo, una zona bajo restricción hídrica desde 2024. Aunque su presentación fue técnica y con escasa confrontación política en el recinto, el trasfondo del caso está marcado por denuncias, acusaciones cruzadas y un creciente malestar opositor. Por el escándalo se impulsan desde la oposición dos pedidos de Jury, uno por el senador Félix González y refrendado por Anabel Fernández Sagasti y otro por parte del ex senador Marcelo Romano, últimamente vinculado a la Unión Mendocina.
Durante su exposición, Marinelli sostuvo que la Resolución 125/2025 no autoriza perforaciones automáticamente, sino que establece criterios para evaluar solicitudes. “No hay permisos otorgados. Solo condiciones que deben cumplirse si los estudios técnicos lo permiten”, explicó. Aseguró que el acuífero “sigue bajo restricción” y que el proceso “es riguroso y transparente”.
El funcionario explicó que la resolución no contradice la 1108/2024 —que establecía la continuidad de la restricción por dos años—, sino que es parte de un proceso más amplio de análisis y redistribución de volúmenes no asignados. Aclaró que solo se trata de permisos de perforación, y que la concesión definitiva corresponde al Honorable Tribunal Administrativo del DGI, una vez cumplidas una serie de exigencias técnicas.
Además, detalló que los pozos evaluados —nueve en total— fueron solicitados por firmas como Cresud (grupo IRSA), Chimpay La Rioja S.A., Grappolo S.A. (vinculada al presidente de Bodegas de Argentina) y García Mateo Pedro. “La disponibilidad de agua fue estudiada y no se pone en riesgo el acuífero”, insistió Marinelli.
La oposición no comparte ese diagnóstico. Horas antes de la presentación, el diputado del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, presentó un recurso de revocatoria con medida cautelar ante el Tribunal Administrativo del DGI y la Fiscalía de Estado, solicitando la nulidad de la resolución.
Según Fugazzotto, el cambio de criterio fue inconsulto, sin audiencia pública ni estudios actualizados suficientes. “Están convirtiendo tierras áridas en viñedos premium que ahora valen millones, gracias a la firma de Marinelli”, denunció el legislador. También advirtió sobre el riesgo de daño irreparable al acuífero y el impacto en usuarios preexistentes. “El agua es un derecho colectivo, no un privilegio para los amigos del poder político”, sentenció.
El debate excedió lo técnico. Marinelli respondió con dureza al senador kirchnerista Félix González, quien impulsa un pedido de Jury de Enjuiciamiento por mal desempeño. “La denuncia no tiene sentido. Es un intento por posicionarse en la interna del PJ. No es un planteo técnico, es ideológico”, disparó.
También arremetió contra Anabel Fernández Sagasti, a quien señaló como “la jefa política” de la ofensiva. En esa línea, recordó el caso Frigerio —una polémica similar durante el final del gobierno de Celso Jaque— y apuntó que González era entonces ministro de Gobierno y no dijo nada.
Otro punto de conflicto fue la falta de publicación de la Resolución 125 en el Boletín Oficial. Desde la oposición argumentan que eso impide que terceros puedan recurrir legalmente el acto. Marinelli defendió la legalidad del procedimiento: “No es una norma general, sino de alcance particular. Se notifica por expediente a los interesados, como marca la ley”.
Senadores justicialistas insistieron en que el oficialismo frena el tratamiento de un pedido de informes clave. Cristina Gómez acusó a Marinelli de “beneficiar a los amigos del poder” y reclamó que el gobernador Alfredo Cornejo tome posición. “Ni siquiera se nos permite debatir el tema”, señaló. Desde el PJ también solicitaron la renuncia del superintendente.
Los pedidos de Jury de González y del exsenador Marcelo Romano serán tratados recién después del 31 de julio, ya que ingresaron fuera del plazo de la convocatoria actual.