El pedido de expulsión contra candidatos vinculados a La Cámpora que competirán en las elecciones municipales del 22 de febrero por fuera de la estructura formal del Partido Justicialista no es un episodio administrativo ni una simple controversia reglamentaria. Se trata, en rigor, de la expresión institucional de una disputa de poder de fondo: quién conduce el peronismo mendocino, con qué lógica territorial y bajo qué identidad política.
La presentación ingresada al Tribunal de Disciplina del PJ apunta contra afiliados que integran listas en San Rafael, Luján de Cuyo y Rivadavia bajo sellos alternativos, articulados por el espacio que en la provincia lidera Anabel Fernández Sagasti. El argumento formal es claro: la presunta violación del artículo 71 de la carta orgánica, que impide a afiliados ser candidatos en listas de otros partidos o frentes sin autorización del Congreso partidario. Desde el punto de vista jurídico-partidario, el encuadre es consistente. Desde el punto de vista político, es apenas la superficie.
Lo que está en discusión no es solo disciplina, sino autoridad. El PJ mendocino viene siendo conducido por un esquema fuertemente apoyado en los intendentes, con predominio de liderazgos territoriales que gestionan municipios y que han consolidado poder en base a estructura, aparato y gobernabilidad local. Frente a ese modelo, La Cámpora representa otra lógica: construcción más ideológica, alineamiento con el kirchnerismo nacional y vocación de disputar conducción aun cuando no controle ejecutivos municipales.
La decisión del camporismo de armar frentes propios en tres departamentos y enfrentar directamente a las listas del PJ “oficial” rompe un principio no escrito que suele regir en los partidos con vocación de poder: las diferencias internas se procesan adentro, no en la oferta electoral. Al salir a competir por fuera, el mensaje político fue doble. Hacia la conducción partidaria: desconocimiento de su autoridad. Hacia el electorado: existencia de “dos peronismos” en pugna. La suspensión de las PASO como método generó las condiciones finales para estas decisiones en el marco de fuertes choques internos en donde el debate dejó de ser el método de construir puentes.
La reacción del sector de los intendentes también tiene una doble dimensión. Por un lado, busca restablecer un límite organizativo: quien compite por fuera, no puede seguir siendo parte orgánica. Por otro, funciona como señal disciplinadora hacia el resto de la dirigencia: la estructura partidaria no es un paraguas neutral, sino un espacio con reglas de pertenencia y costos por desobediencia.
El caso de Paloma Scalco sintetiza esa tensión. No se trata solo de una candidata disidente, sino de la vicepresidenta del PJ provincial que compite en una boleta enfrentada a la conducción que integra. Allí la contradicción deja de ser política para volverse institucional: ¿puede alguien ocupar un cargo de conducción partidaria mientras desafía electoralmente a ese mismo partido? La presión para que renuncie a su puesto responde más a esa lógica que a su candidatura en sí.
El silencio público de La Cámpora también es parte de la estrategia. Evita sobredimensionar el trámite disciplinario y traslada la discusión al terreno político, donde su narrativa puede ser la de una estructura que busca “cerrar” el partido y expulsar a una línea interna con identidad propia. En ese plano, la eventual sanción podría ser utilizada como capital simbólico, no solo como castigo.
El riesgo sistémico es evidente. Si la lógica de expulsiones escala —como anticipan en el sector que impulsa las sanciones— y alcanza a apoderados, referentes intermedios o incluso a Fernández Sagasti, el conflicto podría desbordar el plano orgánico y trasladarse a la Legislatura, con bloques tensionados o fracturados. El peronismo mendocino pasaría así de la interna competitiva a la ruptura funcional.
Las elecciones municipales de febrero, pensadas como comicios locales desdoblados, se convirtieron en un plebiscito interno. Más que definir concejales, están midiendo fuerza relativa entre dos modelos de conducción: el territorial, basado en intendentes y estructura, y el político-ideológico, referenciado en el kirchnerismo. El expediente en el Tribunal de Disciplina es apenas el instrumento. La verdadera discusión es quién tiene legitimidad para definir qué es —y quién representa— al peronismo en Mendoza en la etapa que viene. En ese sentido las elecciones de febrero serán un argumento en lo que queda del debate, los resultados darán o no vida a un proceso de ruptura o de debate. Un resultado muy negativo para el kirchnerismo podría ser lapidario, mientras que resultado no tan positivos del PJ tradicional podrían ser un alerta hacia la moderación y el diálogo entre los sectores. O no.