En un fallo histórico que marca un antes y un después en la política y la justicia argentinas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este martes la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta. El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por su defensa, dejando firme la sentencia en la emblemática causa conocida como “Vialidad”. Por la decisión se registran numerosas movilizaciones en todo el país en rechazo a la medida.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron el fallo que confirma la resolución dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 y ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal. En su análisis, los ministros desestimaron los planteos de la defensa que alegaban violaciones a garantías constitucionales como el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de legalidad. Para los magistrados, no hubo afectaciones a los derechos fundamentales de la acusada.
La decisión de la Corte implica que Cristina Fernández deberá cumplir una pena de seis años de prisión por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, en el marco de una causa que investigó graves irregularidades en la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015, período que abarcó los tres mandatos presidenciales del kirchnerismo, primero con Néstor Kirchner y luego con Cristina.
La “causa Vialidad” se convirtió en uno de los expedientes judiciales más significativos de la historia democrática argentina. La investigación giró en torno a la presunta asociación ilícita y el direccionamiento sistemático de contratos de obras públicas en Santa Cruz, la provincia de origen del kirchnerismo, a favor del empresario Lázaro Báez, íntimo del matrimonio presidencial y dueño del grupo Austral.
Según el fallo judicial, entre 2003 y 2015 se adjudicaron irregularmente 51 contratos por más de 46 mil millones de pesos. Las obras estaban marcadas por licitaciones amañadas, pagos por trabajos inconclusos, sobreprecios y una falta casi absoluta de controles. La acusación sostuvo que existió una organización criminal enquistada en el Estado, con el objetivo de beneficiar al empresario Báez, quien también fue condenado por lavado de dinero en otra causa conexa.
El origen del caso se remonta a 2008, con una denuncia de la entonces diputada Elisa Carrió, pero recién tomó impulso en 2016, tras la auditoría ordenada por el entonces director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, durante el gobierno de Mauricio Macri. Esa revisión reveló un esquema de favoritismo sistemático hacia las empresas de Báez, que recibieron cerca del 80% de las obras viales en la provincia patagónica.
La confirmación de la condena tiene efectos inmediatos en el plano político: Cristina Kirchner queda inhabilitada de manera perpetua para ocupar cargos públicos. Aunque todavía no se ha definido el momento exacto en que se hará efectiva la pena de prisión, el fallo cierra las instancias ordinarias de revisión judicial, y solo le resta a la defensa acudir a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El fallo llega en un contexto de fuerte polarización política y mientras sectores del oficialismo y de la oposición ya comienzan a proyectar el escenario electoral de 2025 y 2027. Cristina Fernández, que se mantuvo como una figura gravitante del peronismo incluso tras dejar la presidencia en 2015, ahora enfrenta un presente judicial que la aleja definitivamente de la arena electoral.
Desde el entorno de la ex presidenta se habló de “persecución judicial” y de una “condena política”. La campaña contra el Lawfare apareció rápidamente en las redes y se registran cortes de calles en numerosos lugares del país en rechazo a la sentencia. Además en numerosos lugares del país se registraron convocarías de las organizaciones para protestas en diferentes lugares.
Noticia en desarrollo