La Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó un enérgico comunicado este martes para repudiar la disolución de Vialidad Nacional, una medida oficializada por el gobierno de Javier Milei a través del decreto 462/2025. El cierre del histórico organismo encargado de la planificación, ejecución y mantenimiento de rutas en todo el país fue interpretado por la central sindical como un riesgo directo para la seguridad vial y un ataque a los trabajadores del sector.
La decisión, publicada en el Boletín Oficial, también incluye la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. En su lugar, el Ejecutivo dispuso la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Frente a este nuevo esquema, la CGT advirtió que las medidas “intempestivas e improvisadas” del Gobierno “dejarán en vilo a miles de trabajadores cuyas funciones son fundamentales para la prevención de accidentes automovilísticos”, una de las principales causas de muerte en Argentina. “Esta decisión derivará en más accidentes y peligro para las millones de personas que transitan nuestras rutas todos los días”, alertaron en su comunicado.
Además de expresar su solidaridad con los trabajadores afectados, la CGT anunció su disposición a acompañar cualquier medida de fuerza que decidan los gremios del sector vial. El mensaje sindical hizo hincapié en la importancia estratégica que tenía Vialidad Nacional, no solo por el empleo público que representaba, sino por su papel clave en el control y mantenimiento de los más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales que estructuran el transporte y la economía del país.
El rechazo gremial se suma a un creciente malestar por la serie de disoluciones de organismos estatales impulsadas por el gobierno de Milei, bajo la lógica de una “reorganización” para reducir estructuras que, según el oficialismo, eran burocráticas o ineficientes. El asesor presidencial Federico Sturzenegger, uno de los arquitectos de estas reformas, justificó recientemente el cierre de entes como el INTI o el INTA con argumentos similares: “terminaron obstaculizando”.
Sin embargo, para la CGT y numerosos especialistas en seguridad vial, el desmantelamiento de estas agencias sin un reemplazo claro y con una orientación meramente economicista pone en riesgo no solo fuentes laborales, sino también políticas públicas esenciales que tienen impacto directo en la vida cotidiana de millones de argentinos.