La inseguridad urbana volvió a ser el catalizador de un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el gobernador Alfredo Cornejo y la justicia penal de Mendoza. El reciente y violento asalto a una kiosquera en Ciudad, perpetrado por Carlos Estrada —un reincidente con varias condenas previas—, motivó duras declaraciones del mandatario provincial en una conferencia brindada este martes. Lejos de limitarse a expresar indignación, Cornejo arremetió con nombre y apellido contra jueces que, a su entender, aplican “criterios laxos” y dejan en libertad a personas con antecedentes penales graves.
“Es vergonzoso cómo actúan algunos jueces”, disparó el gobernador en una conferencia de prensa, señalando directamente al juez penal Sebastián Sarmiento, a quien ya había enfrentado por trabas al operativo de secuestro de celulares en cárceles. La tensión entre ambos poderes no es nueva, pero esta vez el Ejecutivo provincial pareció dispuesto a escalar el conflicto: aunque el Jury de Enjuiciamiento contra Sarmiento quedó en suspenso, la amenaza latente sigue sobre la mesa.
Cornejo no solo apuntó contra un juez específico, sino que amplió su crítica a un segmento más amplio del Poder Judicial: “Hay otros jueces que le han dado penas muy bajas, cuando tienen que contextualizar al autor del delito”. Su planteo interpela directamente al corazón del sistema judicial penal mendocino y a la interpretación de la reincidencia y reiteración delictiva, dos factores que —según el gobernador— no están siendo adecuadamente considerados al dictar sentencias.
La polémica se enmarca en un contexto donde la inseguridad es una de las principales preocupaciones sociales en la provincia. La rápida actuación policial, que logró identificar y detener al asaltante gracias al sistema AFIS y a las cámaras de seguridad, fue valorada por Cornejo como ejemplo de lo que debería ser un trabajo articulado. Sin embargo, el contraste con la respuesta judicial volvió a abrir una grieta que se repite con cada caso resonante y que es un punto de debate en el ámbito de la justicia.
Lo que subyace en las declaraciones del gobernador es una disputa por la legitimidad y la autoridad sobre la política criminal. Mientras el Ejecutivo reclama mayor dureza en las condenas, ciertos sectores se amparan en la legalidad del proceso, el principio de legalidad penal y las garantías constitucionales. El dilema no es nuevo, pero sí cobra nuevas dimensiones cuando desde el poder político se personalizan los reproches y se amenaza con procesos disciplinarios a jueces que toman decisiones controvertidas.
En términos políticos, Cornejo refuerza su perfil de gobernador de mano dura, dispuesto a confrontar con lo que considera un sector de jueces garantistas frente al clamor social por más seguridad. No es la primera vez que adopta esta postura, pero en esta etapa de su segundo mandato, su estrategia parece más decidida a acumular respaldo público incluso a costa de tensar los límites de la independencia judicial.