El Concejo Deliberante de Guaymallén votó en contra de la creación de una comisión investigadora para investigar el caso del concejal que fue multado por conducir borracho en el sur provincial. La polémica resolución del Concejo Deliberante dividió al oficialismo radical y dejó entrever fuertes tensiones internas, especialmente entre los sectores alineados a distintos referentes políticos.
“El problema no es solo haber manejado borracho. Burgoa se negó a entregar el vehículo, usó su condición de concejal para evitar ser sancionado y trató de obstruir el procedimiento policial. Eso ya no es una contravención: son delitos tipificados en el Código Penal”, señaló Pozzoli en declaraciones a la prensa.
El hecho ocurrió cuando Miqueas Burgoa fue detenido por la policía mientras conducía, presuntamente alcoholizado, un auto que no era de su propiedad sino de su pareja. Según el relato de Pozzoli, el edil radical se negó a colaborar con los agentes y fue necesario el arribo de un segundo móvil para secuestrar el vehículo. “Todo esto agrava la situación. No solo por la conducción imprudente, sino por el abuso de poder para evitar consecuencias”, advirtió.
Tras el incidente, Burgoa publicó un comunicado negando haber actuado en su rol de concejal y aseguró que había pagado la multa correspondiente. Sin embargo, la reacción política no se hizo esperar: tanto el gobernador Alfredo Cornejo, como el presidente del partido, Tadeo García Zalazar, y otros dirigentes del radicalismo exigieron su renuncia. Aun así, Burgoa se negó a dimitir.
Pozzoli impulsó entonces la creación de una comisión investigadora con el objetivo de iniciar el proceso de destitución. Pero el despacho que debía habilitar su conformación fue rechazado en la última sesión del Concejo.
“Solicitamos que se votara de forma nominal. Hubo siete votos para sostener el proyecto y enviarlo nuevamente a comisión, pero otros seis ediles votaron directamente para que se cayera. Y la presidenta del Concejo, Verónica Cancela (UCR), terminó inclinando la balanza en favor de Burgoa, votando para archivar el expediente”, detalló el concejal peronista.
La votación dejó expuesta una fuerte división interna en el oficialismo. Mientras algunos concejales radicales respaldaron el avance de la investigación (como Juana Allende, Jonathan Mazuela y Cristina Vargas), otros del mismo partido, alineados con Marcelino Iglesias, votaron en bloque para frenar el proceso.
“El radicalismo quedó partido en dos. Unos responden a Calvente y otros a Iglesias. Los concejales que ahora protegen a Burgoa son los mismos que, durante la intendencia de Iglesias, obligaban a renunciar a funcionarios por mucho menos. Acá hay un claro intento de Iglesias de controlar el Concejo”, denunció Pozzoli.
Además de los votos oficialistas, también acompañaron el rechazo la concejal Sonia Sedano (Unión Mendocina) y el propio Burgoa. Por el contrario, votaron a favor de seguir investigando Pedro Bastías (Mejor Mendoza), Juan Mayem (ex Partido Verde), y Ezequiel Morales (Unión Mendocina), entre otros.
“Esto es grave. El Concejo rechazó incluso un pedido para que la propia presidenta presentara una denuncia penal, como le corresponde por ley ante el conocimiento de posibles delitos”, criticó Pozzoli, quien adelantó que presentará la denuncia penal por su cuenta junto al concejal Bastías.
“Ya no queda otra instancia administrativa. Esto está agotado institucionalmente, pero seguiremos por la vía judicial. No podemos naturalizar que alguien use su cargo para evadir la ley. Lo mínimo que debería haber hecho Burgoa es presentar la renuncia y dar el ejemplo”, concluyó el concejal.
Desde la oposición aseguran que seguirán visibilizando el caso y exigen una postura ética por parte del oficialismo. En palabras de Pozzoli: “Esperemos que esto no termine en una tragedia, porque hoy se está permitiendo que un funcionario que violó la ley siga en funciones como si nada hubiera pasado”.