La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente en el plano judicial. Una investigación periodística reveló una compleja trama de presunto desvío de fondos internacionales que involucra más de 42 millones de dólares, sociedades sin actividad real en Estados Unidos, transferencias a paraísos fiscales y gastos de lujo que salpican de lleno a la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y a su principal colaborador, Pablo Toviggino.
El eje de la operatoria bajo sospecha es la firma TourProdEnter LLC, una empresa creada en 2021 y designada como agente comercial exclusivo de la AFA para la explotación de los negocios internacionales de la Selección Argentina. Según la investigación, esta sociedad habría recaudado más de US$ 260 millones provenientes de contratos de publicidad, derechos de transmisión y la organización de partidos amistosos en el exterior.
Sin embargo, el recorrido posterior de esos fondos es el que hoy concentra la atención de la Justicia. Al menos US$ 42 millones habrían sido transferidos a sociedades radicadas en Florida que no cuentan con empleados, oficinas ni actividad comercial declarada. A su vez, otros US$ 109,9 millones fueron girados a un agente de valores en Uruguay, desde donde el dinero habría terminado vinculado a cuentas en las Islas Vírgenes Británicas, un clásico destino de estructuras offshore.
La investigación también detectó gastos millonarios en bienes y servicios de lujo durante viajes oficiales de la AFA en el exterior. Si bien estos consumos no figuran a nombre de Tapia, los registros coinciden con su agenda y sus desplazamientos internacionales. La empresa TourProdEnter es administrada por Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal de Tapia y exdirector de Aerolíneas Argentinas durante gobiernos kirchneristas.
Imputación penal por aportes jubilatorios
En paralelo a la ruta del dinero internacional, el frente judicial se amplió en las últimas horas. El fiscal federal Claudio Navas Rial imputó formalmente a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino por la retención ilegal de aportes jubilatorios correspondientes a empleados de la AFA y de distintos clubes del fútbol argentino.
Según la DGI, la deuda acumulada por este concepto supera los 19.000 millones de pesos y corresponde a los últimos dos años. Se trata de la primera de al menos tres causas penales que avanzan contra la dirigencia de la AFA, ya que también se investigan presuntas maniobras de evasión de IVA y del Impuesto a las Ganancias a través de empresas vinculadas, como Sur Finanzas.
Testaferros, mansiones y autos de lujo
La causa también puso bajo la lupa una imponente propiedad ubicada en Pilar, valuada en US$ 1,8 millones, que cuenta con helipuerto, haras y una colección de 54 vehículos de lujo. El inmueble figura a nombre de una sociedad cuyos titulares son Luciano Pantano, exdirigente de futsal, y su madre, Ana Lucía Conte, jubilada y beneficiaria del IFE durante la pandemia.
Para los investigadores, existen serias dudas sobre la capacidad económica de ambos para afrontar una inversión de esa magnitud, por lo que son considerados presuntos testaferros. Las sospechas se profundizaron tras encontrarse en la vivienda bolsos oficiales de la AFA, plaquetas con el nombre de Pablo Toviggino y cédulas azules de varios autos a nombre de familiares del dirigente.
Este lunes, Pantano y su madre deberán declarar por videoconferencia en un testimonio que la Justicia considera clave y que podría derivar en el procesamiento formal de la cúpula de la AFA por delitos financieros y patrimoniales, en un escándalo que amenaza con sacudir los cimientos del poder en el fútbol argentino.