El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, manifestó este miércoles su respaldo al debate nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad que pondrá en discusión un proyecto de ley en el Congreso de la Nación, aunque advirtió que el cambio normativo debe ser analizado con cautela por sus efectos concretos en las provincias, especialmente en seguridad, recursos y expectativas sociales.
Postura de Cornejo y matices en el apoyo
Cornejo sostuvo que acompaña el debate y la posible sanción de una nueva normativa que modifique el régimen penal juvenil vigente —en Argentina la imputabilidad penal comienza actualmente a los 16 años— pero subrayó que este cambio por sí solo no resolverá problemas endémicos de inseguridad juvenil. “No quiero generar expectativas de que por el solo cambio de la ley vamos a resolver problemas que son endémicos”, advirtió en diálogo con la prensa provincial.
El mandatario explicó que, si bien existe un grupo reducido pero persistente de menores que ingresan tempranamente en circuitos delictivos y que hoy no son imputables, la modificación normativa no sustituye políticas integrales de prevención y contención. Cornejo incluso evitó fijar una posición rígida sobre cuál debería ser la nueva edad mínima (si 13 o 14 años), señalando que ese tipo de definiciones corresponden a especialistas en la materia.
Impacto en Mendoza: sistema, infraestructura y presupuesto
Un punto central del análisis de Cornejo fue el efecto estructural que la reforma tendría sobre los sistemas provinciales. Según el gobernador, cualquier baja de la edad de imputabilidad implicará incorporar a muchas más personas dentro de la tutela del Estado, con consecuencias directas en la administración de justicia juvenil y en el sistema penitenciario.
En Mendoza, Cornejo detalló que en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (ex COSE) hay alrededor de 80 jóvenes con condena, pero más de 300 menores bajo tutela estatal por delitos graves sin privación de libertad. En ese marco, destacó que no es lo mismo tener 80 detenidos que enfrentar la detención de 300 jóvenes adicionales, lo cual impondría una fuerte presión sobre la infraestructura existente y sobre los presupuestos provinciales.
Frente a esto, Cornejo insistió en que será clave que la Nación acompañe financieramente a las provincias si efectivamente se avanza con una reforma que tenga impacto operativo. “Sin dudas, las provincias tienen que estar bien financiadas para cumplir estos cambios de presupuesto”, afirmó.
Moderación de expectativas y contexto del debate
Más allá de su respaldo general al debate legislativo, el gobernador buscó moderar las expectativas públicas sobre los resultados inmediatos de la iniciativa. Recordó que Mendoza ya aplica planes de seguridad que han logrado cierto éxito en delitos violentos, aunque no han modificado la tendencia en otros tipos de hechos delictivos, lo que refuerza su posición de que un cambio jurídico es necesario pero insuficiente sin políticas complementarias.
El tema ahora se enmarca en el calendario político nacional: el Gobierno de Javier Milei incluyó formalmente la baja de la edad de imputabilidad dentro del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso que comenzarán en febrero, dando impulso a la discusión parlamentaria.