El Gobierno nacional decidió acelerar uno de los debates más sensibles de su agenda de seguridad: la reforma del Régimen Penal Juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad. La iniciativa fue incorporada formalmente al temario de las sesiones extraordinarias que comenzarán el 2 de febrero, según confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras encabezar una reunión de la mesa política en Casa Rosada.
“Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La Ley Penal Juvenil también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias”, comunicó Adorni a través de redes sociales, oficializando así una definición que el oficialismo venía anticipando desde hace semanas.
La decisión se enmarca dentro de la reforma integral del Código Penal que impulsa la administración de Javier Milei, y consolida el endurecimiento del enfoque gubernamental en materia de seguridad. Desde la conducción de La Libertad Avanza sostienen que la modificación del régimen juvenil responde a una demanda social frente a delitos graves cometidos por menores de edad.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue uno de los voceros más enfáticos al justificar la medida. Al referirse al crimen de Jeremías Monzón —asesinado a puñaladas por menores— sostuvo que la iniciativa responde a “un mandato claro” expresado por la ciudadanía en las urnas y se inscribe en la política de “tolerancia cero” frente al delito.
“Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión”, afirmó Menem, quien remarcó que la reforma busca garantizar que “el que las hace, las paga”, una de las consignas centrales del discurso oficial en seguridad. Según el titular de Diputados, el nuevo esquema no admite “medias tintas” y apunta a adecuar el sistema penal juvenil a las “demandas actuales de la sociedad”.
La señal política se terminó de consolidar en la reunión que este lunes reunió al núcleo estratégico del oficialismo en Balcarce 50. El encuentro comenzó a las 9 y contó con asistencia plena, incluida la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que no había participado de las últimas rondas. También estuvieron el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro de Economía, Luis Caputo —quien participa en temas puntuales— y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
El objetivo central fue cerrar el temario legislativo para febrero, aunque en el oficialismo admiten que la lista aún puede sufrir ajustes. Además de la reforma penal juvenil, se discutieron otros expedientes de peso, como el tratamiento del acuerdo Unión Europea–Mercosur, cuyo escenario internacional genera dudas sobre la conveniencia política de avanzar de inmediato en el Congreso.
Con la redacción de la reforma del Código Penal “casi lista”, según fuentes oficiales, el Ejecutivo busca capitalizar las extraordinarias para instalar una agenda de alto impacto político, con fuerte contenido simbólico en materia de orden público. En ese esquema, la baja de la edad de imputabilidad aparece como uno de los ejes centrales, tanto por su carga ideológica como por su capacidad de polarización.
El debate, sin embargo, promete ser intenso. Se trata de una discusión atravesada por tensiones jurídicas, sociales y de política criminal: desde la capacidad real del sistema para alojar y reinsertar a menores en conflicto con la ley, hasta los estándares internacionales de derechos del niño. Aun así, el Gobierno decidió avanzar y colocar el tema en el centro de la escena parlamentaria, convencido de que forma parte de su núcleo identitario y de la narrativa de cambio estructural que busca sostener.