Tras el anuncio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de incluir la Ley Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias de febrero, la ministra de Seguridad y Justicia provincial, Mercedes Rus, celebró la decisión y remarcó la necesidad de actualizar un sistema que, según sostuvo, quedó desfasado respecto del marco jurídico vigente.
La funcionaria consideró que la discusión debe abordarse “con responsabilidad” y con una mirada integral, más allá del impacto político coyuntural. “Es un debate que debemos dar con responsabilidad. La reforma penal tiene que adecuarse a la realidad jurídica actual”, afirmó. En ese sentido, planteó que existe una incongruencia normativa que ya no puede sostenerse: “El Código Civil y Comercial fija en su artículo 25 una nueva categoría a partir de los 13 años en cuanto a la consideración de la persona humana. El sistema penal no puede seguir desfasado”.
El respaldo mendocino no se limita al aspecto punitivo. Rus advirtió que cualquier modificación en la edad de imputabilidad debe ir necesariamente acompañada por una estructura estatal capaz de intervenir sobre la población juvenil alcanzada por la reforma. “Hay que pensar en un plan de contención para esos jóvenes que se van a mover dentro del sistema penitenciario, bajo un esquema de contención o un sistema alternativo de penas, según la gravedad del delito”, señaló. La ministra dejó en claro que, sin dispositivos institucionales adecuados, el cambio legal podría resultar insuficiente o incluso contraproducente.
Desde la óptica del Ejecutivo provincial, la discusión actual reabre una agenda que Mendoza viene impulsando desde hace tiempo. Rus recordó que en marzo de 2024, junto al gobernador Alfredo Cornejo y al procurador Alejandro Gullé, la provincia presentó ante la Nación un proyecto de reforma integral del sistema penal. La iniciativa buscaba ir más allá del eje etario e introducir modificaciones en delitos que, según el diagnóstico local, impactan de manera directa en la vida cotidiana de los mendocinos.
Ese “paquete” de propuestas incluye el agravamiento de penas por el robo de servicios públicos, como luminarias y medidores, un fenómeno que genera costos económicos y problemas de seguridad urbana. También plantea incorporar como delito la portación de elementos aptos para delinquir y endurecer las sanciones por tenencia ilegal de armas. “Cada arma ilegal en la calle es una amenaza concreta”, sostuvo Rus, al vincular la circulación de armamento con la violencia delictiva.
La agenda mendocina suma además cambios en seguridad vial, con inhabilitaciones más severas para conductores ebrios que provoquen muertes, y la tipificación de la suplantación de identidad como ciberdelito, ante el crecimiento de estafas digitales. De este modo, la provincia busca que la reforma del Código Penal contemple tanto las modalidades tradicionales de delito como las nuevas formas vinculadas al entorno tecnológico.
En el plano nacional, el oficialismo ya había anticipado una postura firme. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó que el nuevo Código Penal y la Ley Penal Juvenil “van a terminar con la locura” de que un menor quede libre si es culpable de un delito. Bajo esa lógica, remarcó que quien “elija delinquir, pagará las consecuencias” y sintetizó la posición con una consigna directa: “Basta de zafar por ser menor”.