La difusión de versiones sobre una presunta contaminación radiactiva del agua potable en San Rafael encendió una alarma que rápidamente escaló del plano ambiental al judicial. El Gobierno de Mendoza desmintió de manera categórica los rumores y presentó denuncias penales contra quienes aparentemente los propagaron, en medio de un contexto marcado por tormentas intensas, evacuados y la histórica conflictividad en torno al uso y la gestión del agua. Para el gobierno estos rumores nacen desde el sector ambientalista y piden que se los investigue.
Las lluvias registradas el fin de semana en el sur mendocino provocaron crecidas en el río Diamante y en el Arroyo del Tigre. A partir de allí comenzaron a circular en redes sociales, portales digitales y cadenas de WhatsApp mensajes que advertían a la población que no consumiera agua de red por la supuesta presencia de material radioactivo, presuntamente arrastrado desde el complejo minero Sierra Pintada.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, rechazó de plano esa hipótesis. “Técnicamente es una aberración absoluta lo que han dicho”, sostuvo, y calificó los mensajes como “graves” e “indignantes”. Según expresó, sectores que se presentan como defensores del ambiente difundieron información falsa “para asustar, amedrentar e intimidar a la población” respecto de un servicio esencial.
El episodio no ocurrió en el vacío. En Mendoza, el agua es eje de tensiones históricas: la escasez estructural, la dependencia de los deshielos, el impacto del cambio climático sobre los caudales y los debates por el uso productivo, urbano y ambiental del recurso conforman un escenario donde cada alerta vinculada a la calidad del agua adquiere una dimensión política inmediata.
El sistema de riego administrado por el Departamento General de Irrigación (DGI), la provisión de agua potable a cargo de Aysam y las discusiones recurrentes sobre minería, ambiente y desarrollo productivo han consolidado al recurso hídrico como un punto de alta sensibilidad social. En ese marco, advertencias sobre contaminación —más aún con la palabra “radiactiva”— impactan de lleno en la confianza pública.
Latorre explicó que Sierra Pintada no está en producción y se encuentra en etapa de remediación ambiental de pasivos, con controles permanentes. “Hay monitoreos constantes de agua superficial y subterránea”, indicó. Los reservorios y canteras, añadió, deben contar con márgenes de seguridad para eventos como lluvias intensas o aluviones.
Comunicados del DGI, Aysam y el Ministerio de Ambiente, acompañados por actas técnicas, señalaron que el agua potable “no presenta riesgos para la salud”. “Hay documentación que constata que nada de lo que se dijo ocurrió”, insistió la ministra.
El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, confirmó que se realizaron dos denuncias penales: una por parte del Ministerio de Ambiente y Energía y otra de Aysam.
Mema reconoció la legitimidad de la protesta y la opinión, pero marcó un límite en la difusión de información falsa que genera temor social. “Difundir mentiras sobre un servicio básico como el agua potable, en medio de una tormenta y con personas evacuadas, es cruzar un límite que no se puede tolerar”, sostuvo.
El funcionario explicó que primero se desmintieron los rumores con informes técnicos y luego se acudió a la Justicia para que investigue quiénes están detrás de las cuentas y cadenas de difusión. Se aportaron publicaciones en redes sociales y mensajes de WhatsApp, incluyendo números telefónicos identificados en San Rafael. Las eventuales sanciones, recordó, van desde multas y trabajo comunitario hasta penas de prisión, según determine la Justicia.
De fondo no solo hay un conflicto sobre la información, sino un debate sobre la legitimidad de los discursos sociales. El gobierno tiene en el ambientalismo un enemigo claro que buscará derrotar por completo en un escenario de agitación social permanente.