La brutalidad del asesinato de Jeremías Monzón, cuyas imágenes se viralizaron en las últimas horas y que habría sido cometido por menores de edad, volvió a poner en el centro del debate público la edad de imputabilidad penal en Argentina. En ese contexto, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reiteró su postura a favor de una reforma del régimen penal juvenil y reclamó que la responsabilidad penal se determine por la gravedad del delito y no por la edad del autor.
Durante una ronda de prensa en la ciudad de Santa Fe, el mandatario fue categórico: “Hay que juzgar el delito cometido, no la edad del que lo comete”. Pullaro sostuvo que el actual Código Penal responde a una realidad social distinta y que hoy no contempla fenómenos como el uso sistemático de menores por parte de organizaciones criminales para cometer delitos de extrema violencia.
El gobernador remarcó que adolescentes de 14 o 15 años comprenden perfectamente la magnitud de sus acciones. “No podemos evaluar que un chico de esa edad no sabe lo que está haciendo. La criminalidad cambió, las formas cambiaron, y la ley tiene que aggiornarse”, afirmó, al tiempo que insistió en la necesidad de bajar la edad de imputabilidad en casos de delitos graves como homicidios o torturas.
Pullaro respaldó su postura en la experiencia acumulada durante su gestión como ministro de Seguridad provincial y en los hechos violentos registrados en los últimos años. En ese marco, cuestionó que la pobreza o la marginalidad sean utilizadas como justificación automática de crímenes extremos. “Hay muchas personas que no tuvieron oportunidades y no cometen este tipo de hechos. Hay múltiples factores, incluso familiares, que explican estos niveles de violencia”, señaló.
El caso de Jeremías Monzón reavivó así una discusión que atraviesa tanto a Santa Fe como a la agenda nacional. Desde el Gobierno nacional también se impulsa una modificación del Código Penal para que los menores que cometan delitos equiparables a los de adultos sean juzgados bajo las mismas reglas.
No obstante, Pullaro aclaró que la política de seguridad provincial combina firmeza con políticas de inclusión. Destacó el fortalecimiento del control carcelario, el trabajo conjunto con fuerzas federales y programas sociales como “Nueva Oportunidad”, orientado a brindar contención, educación y capacitación a jóvenes en situación de vulnerabilidad. “El Estado debe dar oportunidades, pero también ser tajante y muy duro con quienes eligen el camino del delito”, concluyó.