La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), encabezada por Andrés Vázquez, presentó una nueva denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia, por la presunta comisión de delitos tributarios vinculados a la utilización de facturas apócrifas y la salida no documentada de fondos. La causa se tramita en la Justicia federal y se originó tras una fiscalización integral sobre las operaciones de la entidad entre marzo de 2023 y junio de 2025.
Según confirmaron fuentes judiciales, la investigación detectó movimientos de dinero sin respaldo documental suficiente, lo que podría configurar una maniobra destinada a ocultar el destino real de los fondos y a vulnerar los mecanismos de control fiscal previstos por la legislación vigente. De manera preliminar, el perjuicio fiscal estimado supera los 375 millones de pesos, cifra que podría incrementarse a medida que avance el expediente.
La denuncia conocida este jueves no es un hecho aislado. ARCA ya había denunciado previamente a la AFA por posibles irregularidades impositivas y previsionales por un monto que, según estimaciones oficiales, superaría los 19 mil millones de pesos. Aquella presentación incluyó ampliaciones con nueva documentación y derivó en la profundización de los controles sobre la entidad madre del fútbol argentino.
En este nuevo tramo de la investigación, el organismo recaudador puso a disposición de la Justicia federal el material probatorio reunido, al tiempo que continúa con las actuaciones administrativas y judiciales dentro de sus competencias.
La fiscalización comenzó a partir de alertas generadas por los sistemas internos de análisis de riesgo de ARCA, que detectaron inconsistencias en la facturación recibida por la AFA. A partir de esos indicadores, los inspectores identificaron pagos a proveedores incluidos en la base de contribuyentes no confiables, un registro oficial que agrupa a firmas consideradas apócrifas o sin capacidad económica real.
La investigación no se limitó a una revisión formal de comprobantes. Incluyó inspecciones presenciales, verificaciones domiciliarias, análisis de movimientos bancarios, requerimientos de información a entidades financieras y cruces con otras bases de datos fiscales. Según las actuaciones, se repitió un mismo patrón: empresas que facturaban montos millonarios, pero carecían de empleados, infraestructura, activos o antecedentes comerciales compatibles con los servicios declarados.
Tras la fiscalización inicial, ARCA dictó dos resoluciones administrativas que determinaron ajustes fiscales en concepto de Impuesto a las Ganancias —por salidas no documentadas— y de IVA. Las resoluciones fueron notificadas electrónicamente a la AFA a comienzos de 2026, otorgándole los plazos legales para ejercer su derecho de defensa.
De acuerdo con el expediente, la AFA rechazó las liquidaciones y manifestó su disconformidad con los ajustes practicados. Ante esa negativa, el organismo avanzó con un procedimiento determinativo de oficio, un mecanismo previsto cuando el contribuyente no acepta la determinación fiscal inicial y que habilita una revisión más profunda de las operaciones.
En paralelo, nuevos cruces sistémicos permitieron detectar otras facturas bajo sospecha, emitidas por proveedores distintos a los inicialmente fiscalizados. Este segundo frente amplió tanto el período bajo análisis como el volumen de operaciones investigadas.
La cuantificación provisoria de los ajustes fiscales alcanza cifras significativas:
Impuesto a las Ganancias – Salidas no documentadas Período fiscal 2025: Resoluciones administrativas: $4.647.841 Investigaciones sistémicas: $165.414.140 Total estimado: $170.061.981 Período fiscal 2024: Resoluciones administrativas: $52.148.310 Cruces sistémicos: $129.742.595 Total estimado: $181.890.906 Período fiscal 2023: Resoluciones administrativas: $22.934.217 Impuesto al Valor Agregado (IVA) Período fiscal 2023: Ajuste determinado: $1.160.350
En conjunto, el monto determinado supera los 375 millones de pesos, sin contemplar intereses resarcitorios ni eventuales multas.
Uno de los ejes centrales de la causa es el análisis individual de más de una decena de proveedores observados. Según ARCA, estas firmas presentan irregularidades recurrentes: domicilios inexistentes o incongruentes, ausencia de empleados registrados, falta de activos para prestar los servicios facturados y movimientos bancarios atípicos, como retiros inmediatos de fondos o circuitos cerrados de dinero.
La imputación principal se encuadra en la figura de “salidas no documentadas”, prevista en la Ley de Impuesto a las Ganancias. Fuentes judiciales explicaron que la existencia formal de una factura no basta para justificar la deducción de un gasto si no se acredita la prestación real del servicio y la capacidad económica del proveedor.
Los informes también ponen el foco en el elemento subjetivo: ARCA sostiene que, por el volumen de operaciones y la reiteración de las inconsistencias, la AFA no podía desconocer la falta de sustento económico de las contrataciones. Para los investigadores, no se trata de errores aislados, sino de un esquema repetido durante varios ejercicios fiscales.
Actualmente, el expediente se encuentra en etapa de instrucción. No hay imputaciones penales formales ni resoluciones judiciales de fondo, aunque las actuaciones describen indicios que podrían configurar un delito penal tributario. La Justicia deberá determinar si existió responsabilidad penal y cuál fue el alcance definitivo del perjuicio fiscal.
El caso ya es considerado una de las investigaciones fiscales más relevantes de los últimos años en torno a una entidad deportiva de alto perfil, tanto por el volumen económico involucrado como por la complejidad técnica del esquema analizado. Mientras tanto, la AFA continúa ejerciendo su derecho de defensa en las instancias administrativas y judiciales, en una causa que mantiene en vilo a los ámbitos político, judicial y deportivo.