Defendió con firmeza la incorporación de pistolas Taser al sistema de seguridad de la provincia y cuestionó duramente a ciertos sectores del Poder Judicial por lo que considera una aplicación laxa de la ley que favorece la impunidad.

El Gobernador Alfredo Cornejo anunció que en los próximos 30 a 40 días la provincia completará la compra de equipamiento Taser, sumando este dispositivo no letal al esquema preventivo. “Son dispositivos eléctricos que no ponen en riesgo la vida, pero inmovilizan y ayudan en situaciones como violencia de género o arrebatos en la vía pública”, explicó el mandatario.

El uso de estas herramientas también podría extenderse a la seguridad privada y a preventores municipales, especialmente en el caso del municipio de Capital, que ha mostrado interés. “Ofrecemos colaboración en la instrucción y capacitación. Este tipo de tecnología permite actuar sin necesidad de recurrir a un arma letal”, afirmó.
Pero la entrevista fue más allá de los dispositivos Taser. Cornejo aprovechó la ocasión para hacer un llamado de atención a la Justicia mendocina, en especial tras casos de delitos que, según él, han sido juzgados con excesiva indulgencia.
Criticó que muchos jueces opten por penas mínimas en juicios abreviados, incluso en casos donde existen antecedentes o pruebas contundentes. “Hay jueces con criterios muy laxos. No los acuso a todos, pero hay quienes se sacan de encima el problema. Eso genera sensación de impunidad”, expresó.
En un tono firme, el gobernador exigió que los magistrados “se pongan en el lugar de la víctima, no del victimario”. Y sostuvo que la ciudadanía “quiere disciplinar a los jueces”, no con fines políticos, sino con la intención de que apliquen la ley con mayor rigor.

Cornejo también hizo referencia al impacto negativo que estas decisiones tienen sobre la Policía: “Un policía detiene a alguien y a las pocas horas lo sueltan. ¿Qué incentivo tiene para poner el cuerpo si no hay respaldo judicial?”, cuestionó.
Respecto a la polémica sobre el blanqueo de capitales, el gobernador Alfredo Cornejo defendió la iniciativa nacional como una forma de combatir la economía informal que, según él, facilita el crimen organizado. Aclaró que no se eliminarán controles para grandes sumas de dinero y enfatizó la necesidad de integrar más ciudadanos al sistema impositivo formal.