El bloque del Partido Justicialista en la Legislatura de Mendoza encendió las alarmas este martes tras oficializarse, mediante los decretos 914 y 915, una contratación directa por $54.137 millones para la provisión de 4 millones de raciones alimentarias destinadas a personas privadas de la libertad. La medida, impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, encabezado por Mercedes Rus, adjudica el servicio a la empresa Clisa Interior S.A., tras declararse fracasada la licitación original en marzo pasado.
Desde el peronismo provincial apuntan a la falta de transparencia y control en el proceso, señalando que el mecanismo de adjudicación “a dedo” elude los principios básicos de competencia y rendición de cuentas. Germán Gómez, presidente del bloque del PJ en Diputados y titular de la Bicameral de Seguridad, fue uno de los principales voceros del reclamo. “No es solo una licitación fallida, es un Gobierno que decide contratar sin competencia real ni transparencia”, sostuvo el legislador.
En diálogo con Agenda Pública, Gómez amplió sus críticas: “Estamos hablando de 54.000 millones de pesos, de 4 millones de viandas, y nos preocupa como opositores que ese proceso haya terminado en una adjudicación directa. Lo correcto hubiese sido que hubieran varios oferentes, pero no tenemos acceso al expediente. Sabemos que interviene el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Ética y que ya hubo observaciones por parte de la Fiscalía de Estado”.
La Fiscalía, de hecho, señaló que no fue consultada durante la primera licitación y, pese a avalar la contratación directa, remitió el caso al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de Ética Pública para una revisión más profunda. Mientras tanto, el pedido de informes presentado por el PJ sigue sin tratarse en la Comisión de Hacienda de la cámara baja, donde el oficialismo cuenta con mayoría.
El documento legislativo reclama la entrega completa del expediente administrativo, incluyendo pliegos, dictámenes técnicos, jurídicos y contables, además del detalle de las empresas participantes y los fundamentos del rechazo de sus ofertas. Asimismo, se exige la identificación de las compañías convocadas para la contratación directa, así como sus antecedentes y condiciones adjudicadas.
“La decisión de contratar de manera directa un servicio de esta magnitud —con menús que incluyen carnes asadas, empanadas y hamburguesas— resulta, cuanto menos, contradictoria en tiempos de ajuste”, expresó Gómez. Y agregó: “No buscamos frenar un servicio esencial, sino garantizar que cumpla su función sin convertirse en otro ejemplo de lo que no debe pasar”.
En el proceso abreviado, se presentaron dos propuestas: una de Clisa Interior S.A., que fue admitida formal y técnicamente; y otra de Bio Limp Soluciones de Calidad S.A., cuya propuesta fue descartada. A Clisa se le solicitó una mejora de precio, que finalmente fue aceptada, bajando su cotización a $13.534,40 por ración, con un total de $54.137.600.000. A pesar del ajuste, la oposición considera que el volumen y la naturaleza del contrato merecían un proceso más competitivo.
“Lo que están haciendo es pelotear un pedido de informes que ya debería haber sido contestado”, concluyó Gómez. “Hablamos de transparencia, de ética, pero acá las reglas son una para los demás, y otra para el oficialismo. Nosotros vamos a seguir investigando hasta las últimas consecuencias”.